El derecho al agua

El acceso al agua potable, es derecho humano universal, indivisible e imprescriptible. Pero no es así.

En Colombia, en el año 2009, existía una población de 5,6 millones de personas sin acceso al servicio de acueducto, y de 9,7 millones personas sin acceso al servicio de alcantarillado, según lo reveló la Defensoría del Pueblo. La cobertura está por debajo de los servicios de energía eléctrica y telefonía celular. Pero también hay graves deficiencias en términos de calidad. El mismo reporte señala que en el año 2010, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano existen altos riesgos en muchos municipios del país.

Las dimensiones de los impactos a la salud, que en nuestras poblaciones supone no tener acceso a agua en buenas condiciones de salubridad,  son innegables.

La calidad del agua que se suministra para consumo humano ha mejorado; sin embargo, el número de municipios que siguen incumpliendo los parámetros de calidad del agua continúa siendo alto. Por ello es necesario que esos municipios presenten planes de mejoramiento de la calidad del agua, y que los entes de control vigilen su cumplimiento. La calidad del agua para consumo humano debe ser una prioridad, lo mismo que la cobertura y la regularidad.

Por eso el llamado del organismo de control. Las autoridades públicas deben diseñar políticas públicas sobre agua potable y saneamiento básico con un enfoque de derechos. El Estado, según la Defensoría,  debe asegurar que los proveedores de servicios no estatales cumplan con su responsabilidad de proveer un suministro constante de agua potable segura, aceptable, accesible y asequible, y servicios de saneamiento de buena calidad y, en cantidad suficiente, al conjunto de la población.

Los planes departamentales de aguas, impuestos a los municipios por el Gobierno Nacional, no ha dado resultado en Caquetá, ni en ninguna región del país. La iniciativa, considerada como la solución ha sido un fiasco. Las obras planeadas no se ven y los compromisos que asumen los municipios son considerablemente altos, frente a los aportes exiguos del Gobierno Nacional, que termina imponiendo hasta los contratistas. Increíble.

Por eso tiene sentido el llamado del Defensor del Pueblo para promover rendición de cuentas efectivas tanto de las obras e inversiones que se realice en el sector de acueducto y alcantarillado como en la prestación de los servicios. Y desde luego, una rendición de cuentas  con participación ciudadana que exija la calidad de los servicios. El agua potable es esencial e imprescindible, es un derecho humano de primer orden.