El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Caquetá condenó a la Nación por los perjuicios que han padecido Susana Portela y William Wilches a raíz de un atentado del cual fueron víctimas en diciembre de 2002.
Diana Carolina Lozano
El Líder
Por una falla en el servicio en la que incurrió la Policía, al no brindarles la protección y la seguridad que ameritaban los entonces diputados María Susana Portela y William Wilches Sánchez, durante un evento realizado por la Asamblea y en el que resultaron heridos a causa de un atentado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Caquetá, ordenó que se les pague a ellos y a sus familiares un monto que supera los 500 millones de pesos.
Los hechos
Los hechos por los que la oficina administradora de justicia, falló que la Nación, el Ministerio de la Defensa y a la Policía paguen de manera solidaria con cargo a su patrimonio, a Portela y a Wilches, la cuantiosa suma de dinero para resarcirles los perjuicios materiales y morales ocasionados con el atentado del que fueron víctimas, datan del 9 de diciembre de 2002 al término de un evento convocado y realizado por la Asamblea Departamental del Caquetá en el edificio Curiplaya en el que fueron condecorados los gestores culturales de la región y al que asistieron entre otros, el entonces gobernador del departamento, Pablo Adriano Muñoz Parra, el alcalde de Florencia, Álvaro Pacheco Álvarez, representantes de la iglesia y los concejales de varios municipios.
Sin embargo, hacia las 9 de la noche, una vez finalizado el encuentro, la seguridad en el recinto fue levantada, dejando desprotegidos a María Susana Portela y a William Wilches Sánchez, quienes no habían abandonado el lugar, lo que facilitó que dos sujetos que aguardaban en la parte exterior del Curiplaya accionaran sus armas, les dispararan a los mencionados, dejándolos gravemente heridos.
Al momento del atentado, un par de ciudadanos solidarios socorrieron a Portela y a Wilches, dándoles traslado hasta el hospital María Inmaculada de Florencia, así mismo, otros miembros de la Fuerza Pública que pasaban de casualidad por el lugar en el que se había efectuado la acción bélica al momento en que los agresores accionaban sus armas, emprendieron la persecución contra los homicidas produciendo su captura.
Una vez los heridos fueron atendidos en el centro asistencial de Florencia, los galenos determinaron que debido a la gravedad de las heridas sufridas debían ser llevados a Bogotá, donde recibieron tratamiento médico especializado en la Clínica Nueva.
Las secuelas
Luego que se considerara que las lesiones sufridas por las víctimas del atentado como accidentes laborales y que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila determinara una pérdida de la capacidad laboral de William Wilches Sánchez en un 35.2 por ciento y de María Susana Portela de un 22.1 por ciento, ambos interpusieron una acción de reparación directa en contra de la Nación, el Ministerio de la Defensa, el Ejército, la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Sin embargo, en fallo de primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, condenó sólo a la Nación, al Ministerio de la Defensa y a la Policía, por considerar que era en esta última en quien recaía la responsabilidad de prestarles seguridad personal a los miembros de la Asamblea Departamental del Caquetá, por cuanto en 2002 se hacia necesaria la protección de los funcionarios y personalidades de la región, sobretodo si se tienen en cuenta los antecedentes de amenazas que pesaban sobre éstos y a la ola de violencia generalizada en donde eran constantes los combates entre la Fuerza Pública y las Farc, como las agresiones contra quienes de alguna manera representaban al Estado.
No obstante el fallo fue apelado por la entidad condenada, por lo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Caquetá en segunda instancia una vez examinó la acción de reparación directa y con base en algunos testimonios como el de una funcionaria de la corporación que dijo bajo gravedad de juramento que para la época en la que se realizó el atentado “en el 2002, pues hubo hechos trascendentales como la muerte de don Antonio Serrano, papá del parlamentario Luis Antonio Serrano Morales; en Puerto Rico también estaba difícil la situación y mataron a Jhon William Lozano alcalde encargado de dicho municipio”, el despacho judicial determinó una falla del servicio en la que incurrió la Policía por una omisión, al no brindar la seguridad y la protección necesaria para que inescrupulosos realizaran el daño.
El Fallo
Por esas razones, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Caquetá condenó a la Nación, al Ministerio de la Defensa y a la Policía a pagar a favor de María Susana Portela y sus familiares la suma de 450 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales y ordenó para William Wilches y los suyos el monto de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el mismo concepto.
Así mismo, por daños materiales, a Wilches se le deberá indemnizar con setenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos con setenta y seis centavos.
Y Portela recibirá treinta y siete millones ciento dieciséis mil novecientos cincuenta y cinco pesos con treinta y siete centavos.
William Wilches Sánchez, ex diputado que será indemnizado.
María Susana Portela, alcaldesa y ex diputada víctima del mismo atentado.
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