Ante los entes de control fue radicada una queja en la que se expone que al parecer la Gobernación del Caquetá y el Instituto de Cultura, Deporte y Turismo, celebraron dos contratos de mínima cuantía para evadir un proceso de selección abreviada.
Redacción Judicial
El Líder
Por celebrar bajo la modalidad de mínima cuantía, dos contratos relacionados con la organización del XVII Festival del Piedemonte Amazónico, que al parecer tenían el mismo objeto, fueron denunciados ante la Contraloría General de la República, y ante la Procuraduría el gobernador del Caquetá Víctor Isidro Ramírez y la directora del Instituto Departamental de Cultura, Deporte y Turismo, Enelia Vargas Castillo.
Los hechos por los que un grupo de ciudadanos interpusieron queja formal ante el organismo de control contra los dos funcionarios por fraccionamiento de contratos, inobservancia al principio de planeación y violación al principio de transparencia en la contratación pública, están relacionados con la adjudicación de los contratos MC-57-12 y MC-058 12.
En dichos negocios jurídicos, el Departamento habría contratado la prestación de los servicios logísticos de las festividades de mitad de año, a través de dos causas contractuales, cada uno por el monto de 14 millones 700 mil pesos, que si se suman arrojan el valor de 29 millones 400 mil pesos para poder, al parecer, evadir un proceso de selección abreviada.
La presunta transgresión a los principios de la contratación pública que denuncian los querellantes, está en que como lo establece el artículo dos de la ley 1150 de 2007 que modificó la 80 de 1993, si la cuantía para celebrar un negocio jurídico, supera 45 salarios mínimos legales mensuales, es decir, 25 millones quinientos mil pesos, debió tramitarse por Selección Abreviada de Menor Cuantía, lo que hubiera implicado un proceso más extenso y con mayor rigurosidad, como publicar la convocatoria para oferentes, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública; mientras que un contrato de mínima cuantía generalmente se gestiona en un lapso de cinco días y sus requisitos son menos exigentes.
Así mismo, dice la misiva remitida al gerente de la Contraloría General de la República, César Augusto Cabrera Silva, en la que se denuncian las presuntas irregularidades en la celebración de los contratos MC-57-12 que tenía por objeto “servicio logística para la realización del XVII Festival del Piedemonte Amazónico” y del MC.058-12 que tenía como fin “servicio de personal logístico que garantice la realización del XVII Festival del Piedemonte Amazónico”, que en este último proceso contractual, la administración departamental habría contrariado la ley al no adjudicarle el negocio jurídico a la oferta con el menor precio.
Según señala el demandante, los funcionarios no tomaron la oferta que ascendía a 13 millones setecientos mil pesos, porque el oferente no llenaba los requisitos habilitantes como la presentación del pasado judicial; a pesar del decreto presidencial 12 de 2012, que suprime ciertos trámites y obliga a las entidades a que verifiquen los antecedentes penales y disciplinarios.
La queja fue radicada en la Contraloría General de la República el pasado 25 de junio para que el ente de control investigue la conducta de Ramírez Loaiza y Vargas Castillo y determine si en efecto se contrario la ley y hay lugar a faltas penales y disciplinarias por parte del gobernador del Caquetá y la Directora del Instituto de Cultura, Deporte y Turismo.
Gobernador del Caquetá, Víctor Isidro Ramírez, quien habría fraccionado los procesos contractuales para evadir las leyes de contratación pública.
Enelia Sánchez Castillo, directora del Instituto Departamental de Cultura, Deporte y Turismo, encargada de la organización del XVII Festival del Piedemonte Amazónico.
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