La situación de inseguridad en el país va creciendo y llegando a sus topes máximos, si se midiera por la capacidad de la subversión para impactar simultáneamente en varias latitudes de la geografía nacional, que no es nuevo. Caquetá, como otras zonas del país, vive su doble tragedia por los efectos del invierno sobre los puentes y vías y por los atentados terroristas a la infraestructura vial. Incomunicar a San Vicente del Caguán es presionar fuerte y en alta proporción, sobre lo que más le duele a la región, la economía. La extorsión que pagan ganaderos por animal y por litro de leche, que no es secreto, no son suficientes para permitirles ejercer sus actividades lícitas y por tanto ahora tendrán consecuencias nefastas como incumplimiento a créditos y otras obligaciones.
La rápida asignación de la estructura metálica muestra el afán de este gobierno por solucionar el traumatismo para el transporte al Caguán y es evidente por estar incluido en el plan de consolidación. La misma suerte no se corrió en anteriores oportunidades con los atentados de los puentes en el guayas en Puerto Rico y el pescado en la vía Morelia-Valparaíso, como tampoco con los afectados por el invierno y falta de mantenimiento de la mochilerito en Morelia, el quebradón en El Doncello, la niña en El Paujil y quebrada blanca de Milán, en los cuales la solución definitiva tardó años y otros siguen pendientes. El anuncio de reabrir el tránsito a San Vicente del Caguán, con un puente metálico de manera rápida, es lo destacable de la nueva visita presidencial. Y como fue imprevista, no se atendió a los gremios afectados de la región, incluyendo a la prensa, lo cual no impacta positivamente. Los informes a recibir y las órdenes a las fuerzas militares y de policía pueden llegar por varias vías y el efecto sería el mismo. Tampoco el ministro de defensa, con visita programada ocho días antes, tuvo tiempo para escuchar al sector productivo que está aguantando, pero con desespero, la fuerte arremetida de la extorsión y el boleteo como en los peores momentos. Las últimas comunicaciones sobre seguridad enviadas al gobierno nacional rebotan automáticamente a las instancias locales que no tienen margen de maniobra, pues se trata de decisiones de alto nivel. La más reciente, solicitando el aumento de pie de fuerza para la Policía, podrá inclusive tener un efecto adverso y trasladar unidades de aquí a las grandes ciudades porque se están implementando nuevos comandos metropolitanos para contrarrestar la ola de inseguridad de las urbes.
Para anticiparnos a ello es necesario que gremios y ciudadanía ejerzan una fuerte presión al gobierno nacional; ante todos los estamentos nacionales pertinentes. Cada uno puede señalar su caso particular de inseguridad, desde el robo de útiles escolares y celulares a estudiantes, hasta los atracos en las zonas periféricas.
*Presidente ejecutivo Cámara de Comercio
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