La polémica más relevante de los últimos días en todos los municipios del departamento y especialmente en Florencia, su capital, ha tenido que ver con el anuncio del Gobernador, respecto a la decisión de su gobierno de llevar a la Gobernación a la ley 550 de 1999, ley que en el argot popular se conoce como la “Ley de declaratoria de quiebra o Ley de salvamento”, lo primero porque es de obligatorio cumplimiento acogerse a ella para cualquiera de las entidades públicas, cuando sus finanzas están en crisis o sus acreencias superan las expectativas de ingresos y se ve venir una inminente quiebra. Lo segundo, porque los mecanismos creados mediante la ley permiten a las entidades que se acogen a la misma que se recuperen financieramente y lleguen a puerto seguro, antes de salir de la misma.
A decir verdad el Gobernador tiene la razón. Motivo por el cual los caqueteños, después de recibir la opinión de varios expertos, le pedimos a la Asamblea Departamental que tramite el proyecto de ordenanza que le permitirá a la administración departamental acogerse a las obligaciones, requisitos y bondades de la Ley 550 de 1999.
El problema de las finanzas no tiene su origen exclusivamente en el anterior gobierno, el origen del problema es el acumulado de manejos incoherentes e irresponsables en las finanzas departamentales, que en algún momento tenían que reventar, pero nadie quería asumir éste lamentable compromiso, especialmente por el costo político que, se cree, representa una decisión de esta magnitud y trascendencia.
Recuerdo que Gerardo Castrillón, siendo secretario de Hacienda del gobierno de Luis Francisco Cuellar, en algún momento de su periodo manifestó que si no se liquidaban de manera inmediata las empresas descentralizadas, la Gobernación se vería abocada a acogerse a la Ley 550. Ese gobierno tomo la decisión de liquidar cinco empresas del orden departamental, liquidaciones que sorprendentemente aún no se han finiquitado y, si a semejante crisis se le suman los desaciertos de último periodo fiscal, la copa se tenía que rebosar.
Ya lo habíamos manifestado desde el mes de marzo, en una serie de tres escritos en ésta misma columna de opinión, respecto a la crisis financiera del departamento. Los ingresos, se redujeron por decisión del anterior gobierno, porque la cuota obligatoria de la Licorera de Caldas se redujo en un 50% (aproximadamente 3.500 millones) y además a las nuevas concesiones de licores no se les exigió cuota mínima (Aguardiente y Ron de Guaro de Oro y Caucano). Y en gastos, se incrementó la nómina de personal, sin prever los costos que acarrearían dichos nombramientos. Hoy la realidad es ésta:
Pasivo contingente $70.000 millones, deuda pública $10.800 millones y lo más grave, déficit de recursos por $7.300 millones.
Con base en lo anterior lo mejor es solicitar la intervención de Minhacienda, evitando de paso que los acreedores embarguen todos los recursos de la Gobernación, llevándola a una crisis insalvable.
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30 julio, 2012 at 8:39 AM
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